COMUNICACIÓN

IZQUIERDA UNIDA DE CUENCA


PARA IU EL DECRETO DE LA JUNTA LLEGA TARDE Y ES RESTRICTIVO

 

Esta es una de las conclusiones extraidas de la valoración realizada en rueda de prensa celebrada ayer lunes en la Sede que esta organización política tiene en Cuenca, por el Coordinador provincial de IU, a los contenidos del Decreto 31/2002 por el que se regula la concesión de indemnizaciones a los castellanomanchegos que sufrieron prisión por motivos ideológicos y políticos y que fueron excluidos de las compensaciones concedidas en 1990 y 1992. Afirmó Angel Luis que “quince dias de denuncia y movilización de I.U. han conseguido que salga de un cajón del gobierno regional lo que estaba premeditadamente guardado durante quince meses”

 

Este acuerdo se ha tomado casi cuatro años después de que el parlamentario que tenía IU en las Cortes regionales planteara una iniciativa en este sentido y quince meses después que el mismo Parlamento regional aprobara una Proposición No de Ley instando a la elaboración de un estudio para averiguar cuantas personas de Castilla la Mancha que no cumplian los requisitos exigidos en 1990 para ser beneficiarios de compensaciones económicas por haber pasado parte de sus vidas en las cárceles franquistas.

 

Este retraso y el método que articula el citado Decreto, que recoge dos fases, una primera fase ejecutiva para aquellos que a pesar de haber sufrido más de tres años de cárcel pero no tenían 65 años en 1990 y una segunda fase informativa, que no genera derecho alguno, en la que se abre una convocatoria pública para l@s ex – pres@s y represaliad@s que sufrieron privación de libertad por un perido superior a tres meses e inferior a tres años, independientemente de su edad y que pospone la concesión de indemnizaciones a la aprobación de otro Decreto, suponen un claro incumplimiento de lo aprobado en las Cortes regionales en noviembre del año 2000.

 

Pero más triste es comprobar que serán muy pocos los beneficiarios directos o sus conyuges viud@s o hij@s discapacitad@s o minusválid@s que permanecen vivos y pueden acogerse a la primera fase de la convocatoria, así como la dilatación en el tiempo para la segunda fase que marca un plazo de seis meses para presentar la documentación requerida y otros seis meses como máximo para resolver las solicitudes presentadas, con lo que parece que el gobierno del Sr. Bono con estas y otras restrinciones quiere dedicar cantidades de dinero lo más reducidas posibles.

 

Además de ser una copia, con recortes, del modelo aprobado por el Parlamento andaluz hace ya más de un año, el Decreto incluye unas indemnizaciones similares a las concedidas hace doce años en los Presupuestos generales del Estado.

 

El inclumplimiento por parte del gobierno regional, en palabras del Coordinador provincial de IU, no ha sido un olvido sino una decisión meditada y voluntaria y que ha sido la presión de IU la que ha provocado su aprobación acelerada y repentina con las lagunas, restricciones y trabas que en su articulado se recogen a pesar de haber contado con un tiempo más que suficiente para ofrecer una normativa que debería suponer un claro reconocimiento a aquellos castellanomanchegos que empeñaron su vida en ganar para nosotros cotas de libertad y cotas de justicia.

 

También ha anunciado el Coordinador de IU que lejos de aminorar su acción política en este asunto, van a continuar con su campaña informativa para elaborar el censo más amplio posible, colaborar y asesorar a aquellas personas que puedan ser beneficiarios de este Decreto y avanzar en la consolidación de Plataformas de afectados en nuestra  provincia y región.

 

Asimismo desde IU se va a solicitar la modificación del citado Decreto para lo cual propondrá la inclusión de otros aspectos en esta normativa como pueden ser la regulación de una única fase que incluya a todos los que sufrieron cárcel pero partiendo de un perido de un mes, la supresión del requisito de un año de empadronamiento antes del fallecimiento o de la aprobación del Decreto, la obligación de resolver las solicitudes en tiempo no superior a un mes.

 

También consideramos necesario la implicación de la Red de Servicios Sociales de la Junta para asesorar y ayudar a los posibles beneficiarios en la obtención de la documentación requerida y en la tramitación de las solicitudes. Además pediremos que se fije un reconocimiento simbólico a los herederos que así lo deseen y la publicación en el D.O.C.M. de los nombres de tod@s l@s represaliad@s de nuestra región

 

 

Cuenca, 11 de marzo de 2002